El Gobierno no ha ordenado la paralización de las obras pese a las restricciones de movimientos.

El decreto de alarma no implica frenar los trabajos ni entre privados ni cuando el cliente es la Administración Pública, una decisión que choca con la solicitud de las empresas al Ejecutivo para que imponga el cierre.

A diferencia de la construcción, otros sectores como el comercio o la restauración se han visto obligados a cesar su actividad durante dos semanas, como mínimo.

>>>> En función del motivo por el que se pare la obra, la responsabilidad varía quien hace frente al coste económico también ...

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